Rodolfo Hernández fue destituido por la procuraduría cuando fue concejal
La Procuraduría destituyó en segunda instancia a Rodolfo Hernández, en 1995, como concejal de Piedecuesta por firmar un contrato con el municipio después de haber sido elegido en el cargo.
Rodolfo nunca asistió a una sesión del concejo, ni tampoco se posesionó, solo mandó una carta renunciando a su investidura a finales de 1992, cuando vencía su período. Antes, en diciembre de 1991, como representante legal de su firma constructora Hernández Gómez firmó un convenio con Piedecuesta para pagar futuros impuestos con obras.
En La Silla, el candidato presidencial explicó que se lanzó por primera vez al Concejo de Piedecuesta a finales de los 70 porque se lo perdieron algunos políticos del Partido Liberal, ya que tenía el estatus al haber construido la mayoría de sus barrios, es decir, era el urbanizador de Piedecuesta: en ese momento, su constructora, dedicada especialmente a construir viviendas de interés social levantó alrededor de 1.400 casas en ese municipio.
En 1990, Hernández ya había sido concejal, pero decidió no ir al concejo porque le parecía que era “una perdedera de tiempo”. Por esta razón, envió una excusa al alcalde, asegurando que no iría a las sesiones y anunciando que lo reemplazará Álex Humberto Díaz, lo cual es una figura que ya no existe y que solo sería válido en caso de reemplazo a concejales y otro funcionario electo en casos de incapacidades o licencias.
Díaz explicó en La Silla Vacía, “él era empresario, manejaba su empresa y no estaba en la política”, también afirmó que en las elecciones de 1992 él y Rodolfo se volvieron a lanzar, y fueron otra vez elegidos, sin embargo, el candidato presidencial tampoco asistió a ninguna sesión.
En 2021, La Silla en una entrevista le preguntó a Hernández por su paso por el concejo de Piedecuesta. Aunque omitió su campaña de los noventa, dijo que ese trabajo le parece “inútil”: “Es que eso es inocuo, el que manda es el Alcalde (…) a mi toda esa mamadera de gallo de pedirle permiso pa´ lo que es lógico a los que no saben…esa joda me harta”.
El 6 de diciembre de 1991, con Díaz en el concejo, salió un acuerdo el cual permitía que los constructores pagaran impuestos urbanísticos con obras. Lo que significa, que, en vez de sacar dinero de sus cuentas, para que el municipio después lo invirtiera a otros fines como la salud, ellos hacían obras comunitarias.
El 12 de diciembre, seis días después, Hernández firmó un convenio donde se comprometía a hacer obras para mejorar y embellecer el territorio durante dos años, por un valor de 30 millones de pesos en ese entonces, lo que actualmente significaría unos $4.370 millones de pesos.
La Procuraduría Provincial falló en primera instancia al acuerdo como un “hecho exclusivamente para favorecer los intereses del acusado”, porque Hernández era el gran constructor local.
Rodolfo Hernández como Alcalde de Bucaramanga, en 2019, también fue sancionado por la Procuraduría, después de darle una cachetada al exconcejal John Claro en vivo. Hernández fue suspendido e inhabilitado por ocho meses, y después de esto, en el mismo año, fue nuevamente suspendido por tres meses por presunta participación en política.
