El presidente del senado y su remate de bienes de narcotraficantes

El presidente del senado y su remate de bienes de narcotraficantes

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, y mientras todos los colombianos tienen sus ojos puestos en la contienda electoral, se avanza en un negocio multimillonario en el país.

Mientras todos los ciudadanos están concentrados en el futuro presidente y vicepresidenta de Colombia, y mientras el ambiente general es sobre la jornada política que se avecina, hay políticos enfocados en un negocio multimillonario.

Todo empezó en 2020 cuando se aprobó una ley que permite la venta masiva de bienes manejados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo que hace referencia a las propiedades del dominio que se hayan extinguido por producto de actividades ilícitas.

La ley permite a la SAE determinar el precio de venta de los bienes, sin contar con las limitaciones de valor comercial estipulado por normas anteriores.

Esto significa que tienen la posibilidad de armar ventas masivas aprovechándose de los precios de bienes incautados. Tienen la capacidad de conceder cuantiosos alivios y descuentos a los compradores. La Central de Inversiones CISA, es la entidad encargada de comercializar los bienes estatales.

La justificación de la norma está en buscar ventas inmediatas, y pasar los bienes en efectivo, para que esta administración en manos del Estado produzca costos y no renta lo que supondría.

Lo que está detrás de todo eso es saber quién va a terminar beneficiándose de los bajos precios propuestos por unos funcionarios, que se hacen pasar por desinteresados y con autorización legal.

De esta manera es que sale a la luz el nombre de Juan Diego Gómez, el presidente del Senado. Hace poco, cerca de las épocas del multimillonario movimiento, el hermano David Orlando Gómez fue nombrado vicepresidente de CISA.

El gerente de la sucursal de CISA en Medellín en aquel tiempo, el hermano del presidente del Senado, fue promovido de parte de la vicepresidencia de Soluciones para el Estado de la entidad. En medio de todos estos movimientos de cargos al parecer hay concebidos para hacer más fácil el negocio multimillonario con bienes sometidos a extinción de dominio.

Samir Mauricio Angarita, el pasado vicepresidente de la SAE, fue nombrado en enero de este año como presidente de CISA. Y Alexis Sánchez Loreo fue ascendido a otro importante cargo en la SAE, donde los tres tienen en común ser aliados importantes de Andrés Ávila, el presidente de la SAE.

Para completar la movida, el presidente del senado Juan Diego Gómez ha sido cuestionado en diferentes ocasiones por sus negocios en Antioquia, tiene diferentes procesos por esto y, además, Orlando de Jesús Gómez, su padre, es conocido como alias “La ballena” y fue condenado a cárcel, donde murió sentenciado por fraude procesal y falso testimonio por apropiarse de un lote en Bello.

Noticias Uno, hace unas semanas, hizo pública una información sobre la realización de una reunión entre el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, David Orlando Gómez, su hermano y el presidente de la SAE, Andrés Ávila.

La reunión se dio en el restaurante Tauro Steakhouse del norte de Bogotà y supuestamente los comensales estudiaron la posibilidad de realizar negocios con bienes incautados, debatiendo sobre los precios convenientes para compradores con los que supuestamente tienen un acuerdo previo. Las transcripciones de las conversaciones se encuentran en poder de organismos judiciales.

Por investigaciones como la que está en marcha contra el senador Juan Diego Gómez desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de la magistrada Cristina Lombana, conocida como “La Calladita”, donde se verá si tiene referencia con el remoquete.

Este jueves 16 de junio, se empezó la venta masiva de tres paquetes que agrupan los 60 mejores inmuebles incautados en procesos de extinción de dominio. Las propiedades serán puestas en venta con descuentos hasta del 40% de su valor comercial.

El primer paquete de inmuebles está estimado en 280.000 millones de pesos, aunque la oferta no ha salido al público, todo presuntamente estará organizado para que el beneficiario sea la constructora de Antioquia.

Catalina Álvarez

Catalina Álvarez

Soy Catalina Alvarez, abogada y bailarina. Vivo en Pasto y nací en Cali. Soy amante a las hamburguesas y a una pola bien fria. Desde hace muchos años me interesa los temas de comunicación e información y he realizado diferentes investigaciones sobre casos de corrupción en administraciones públicas.

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