Catalina Ortiz y sus cuestionables financiadores

Catalina Ortiz y sus cuestionables financiadores

Catalina Ortiz, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Christian Garcés fueron financiados por las mismas empresas. Esto, sumado a sus posturas políticas recientes, se podría pensar que la congresista vallecaucana es más afín a la extrema derecha de lo que le gusta admitir. 

A pesar que el centro político se ha abanderado de la lucha en contra de la corrupción y se ha presentado como un “cambio” en la política, se ha visto cómo estos, han utilizado las mismas estrategias de los partidos tradicionales para financiar sus campañas políticas.

Un claro ejemplo de esto es, Catalina Ortiz, ex congresista caleña militante del Partido Verde quien, se ufana de luchar en contra de la corrupción y de las prácticas “clientelistas” de sus opositores políticos pero, es financiada por las mismas empresas que financiaron las candidaturas de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Christian Garcés. 

Una de estas empresas es Córdoba & CIA SAS, quienes aportaron en 2018 para la campaña de Ortiz $9.000.000 de pesos, y para la campaña de María Fernanda Cabal $20.000.000.

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Lo mismo sucede con la Fundación PROPÚBLICA, quienes le donaron a Catalina y a Christian Garcés la suma de $10.000.000 a cada uno y a Paloma Valencia $15.000.000. Dicha fundación, es dirigida por María Teresa Elena Echavarría, dueña a su vez de la empresa Corona, empresa dirigida por Carlos Enrique Moreno. 

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Garcés y Ortiz tienen otros dos financiadores en común, la empresa Amalfi S.A quien les donó $30.000.000 a cada uno. El exgerente de esta polémica empresa es Mario Scarpetta Gnecco, empresario vallecaucano hoy propietario de Azurita S.A, involucrado en el escándalo de evasión de impuestos llamado “Paradise Papers”. 

La otra empresa es Valorem S.A, quien también les donó $30.000.000 a cada candidato. En la junta directiva de esta firma se encuentra Alejandro Santo Domingo Dávila, hijo mayor de Julio Mario Santo Domingo. Cabe resaltar que, los Santo Domingo fueron nombrados en escandalosos audios revelados por W Radio en donde se puede ver cómo políticos de Bolívar reparten cuotas burocráticas y contractuales a algunos grupos económicos en compensación con sus  “donaciones” a las campañas. Julio Mario Santodomingo también fue relacionado con la red de pedofilia del multimillorario Jeffrey Epstein, revelada en 2020. 

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Algo que llama la atención, además de la similitud de los financiados es que, Catalina Ortiz solo recibió aportes de empresas y como es sabido por muchos, estas luego de la victoria de él o la candidata esperan el retorno de la inversión. 

La estrategia de financiar campañas para que, una vez elegidos, devuelvan el favor

Los financiadores de las campañas políticas son una pieza fundamental para entender las posturas de los candidatos cuando llegan al poder, como es sabido, las personas y las empresas, no hacen una inversión sin tener un cálculo económico a futuro donde salgan ganando.

Las empresas financian y patrocinan las campañas políticas de los alcaldes y gobernadores y congresistas,  asegurándose que quienes lleguen al poder sean de fácil dominio para ellos, con esto buscan quedarse con los recursos públicos para recuperar su inversión. Ésta estrategia es una de las más antiguas y clásicas utilizadas en política.

María Fernanda Cabal es un claro ejemplo de esto pues, como lo afirmó cuestión pública en su artículo “Cabal legisla a la medida de sus financiadores de campaña”, María Fernanda buscaría beneficiar a varios de sus financiadores con el proyecto de ley que propone y que busca modificar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011). 

Dicho proyecto fue radicado por Cabal a principios de septiembre del 2021 en el Congreso y propone, al menos, 30 modificaciones a la ley más importante en términos de restitución del derecho a la tierra por parte de los campesinos y desplazados en el país.

Los financiadores beneficiados según dicha investigación son en primer lugar, Aportes San Isidro SAS quien aportó a la campaña de Cabal $10 millones de pesos. Asimismo, en esta lista se encuentran Augusto Beltrán Segrera y Eduardo Caicedo Lourido quienes aportaron $8 millones y $300 mil pesos respectivamente. 

Finalmente, otro financiador beneficiado por Cabal es la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, quienes contribuyeron con $20 millones de pesos. Cabe resaltar que, esta asociación ha estado relacionada en múltiples ocasiones con narcotráfico, financiación de grupos paramilitares y en la apropiación irregular de tierras de comunidades étnicas. 

Catalina Ortiz, cada vez más cerca de la extrema derecha 

Durante su carrera política, Ortiz ha asegurado pertenecer al centro por lo que, en las elecciones presidenciales de primera vuelta apoyó a Sergio Fajardo, a pesar de que las posibilidades de victoria fueran muy bajas por no decir nulas.

Pero lo que sorprendió a los votantes fue que Ortiz en segunda vuelta, decidiera apoyar a Rodolfo Hernández a pesar que sus copartidarios eligieron a Gustavo Perro como su candidato. 

Cabe recordar que, el ingeniero recibió apoyo mayoritariamente de los militantes del Centro Democrático, conservadores y un porcentaje pequeño del partido verde. 

Esto, sumado a que comparte financiadores con los mayores representantes de las ideas de Álvaro Uribe y de la extrema derecha llevan a pensar que, Catalina Ortiz es mucho más afín a los ideales de derecha de lo que le gusta mostrar y admitir. 

Pero lo más desconcertante es que, si bien Ortiz se muestra como “un cambio” en la política luchando en contra de la corrupción,  la vallecaucana utiliza las mismas prácticas corruptas y clientelistas de los partidos tradicionales, quienes reciben donaciones de las grandes empresas para luego legislar a su medida.

Catalina Álvarez

Catalina Álvarez

Soy Catalina Alvarez, abogada y bailarina. Vivo en Pasto y nací en Cali. Soy amante a las hamburguesas y a una pola bien fria. Desde hace muchos años me interesa los temas de comunicación e información y he realizado diferentes investigaciones sobre casos de corrupción en administraciones públicas.

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