1.800 millones de pesos quería quitarle Dilian a los colombianos
A Dilian Francisca Toro no le bastó con su entrada al Congreso de la República ni con la Gobernación del Valle. Tras 12 años de investigación en su contra por lavado de activos, decidió demandar a la nación por un valor de $1.800 millones de pesos por la “privación injusta de su libertad”.
La investigación adelantada desde 2008 inicialmente por la Corte Suprema de Justicia, tenía relación con las supuestas negociaciones que realizó, entre 2005 y 2007, la sociedad Agropecuaria Ceiba Verde Ltda. de la cual hace parte Toro, para adquirir las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar, predios que tuvieron su origen en actividades de narcotráfico del Cartel de Cali.
Según lo dicho por el ente investigador, los ingresos que obtenía la sociedad Ceiba Verde y la compra de las tierras no estaría justificada, y a Dilian Francisca Toro le atribuyeron vínculos con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC, ya que, aparentemente habría recibido dineros ilícitos para sus aspiraciones al Congreso de la República.
Dilian Francisca estuvo privada de la libertad durante 373 días (1 años y 8 días), razón por la cuál reclamó una indemnización que, según ella y su defensor, está estipulada de la siguiente manera: Por perjuicios morales $723.640.959, por daño emergente $211.634.111 y por lucro cesante $828.604.124.
Ante este hecho, expertos en política consideran que Toro quería seguir enriqueciéndose del Estado, sin importar que los impuestos de los colombianos terminen en sus bolsillos, pues la indemnización tiene un alto valor que podría utilizarse en atender otras necesidades de los ciudadanos.
